La igualdad formal no garantiza que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. La autonomía económica y la participación en la toma de decisiones son esenciales para cerrar la brecha de género.
En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, la ONG CODESPA recuerda que el reconocimiento de derechos legales, si bien fundamental, no es suficiente para lograr una igualdad real. Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, esta conmemoración pone en evidencia la persistente distancia entre la igualdad formal y la igualdad práctica que experimentan las mujeres en su día a día.
Los datos globales muestran que la brecha sigue siendo considerable. Según el informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial, las mujeres poseen apenas el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. Por otra parte, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que casi seis de cada diez mujeres trabajan en la economía informal, lo que implica ausencia de protección social y garantías laborales básicas. Estas cifras reflejan que la igualdad jurídica, aunque esencial, no se traduce automáticamente en equidad efectiva.
La autonomía económica como herramienta de empoderamiento
CODESPA destaca que la autonomía económica es un elemento clave para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, ya que disponer de ingresos propios les brinda la posibilidad de involucrarse en las decisiones de su hogar y de su comunidad, además de disminuir la dependencia estructural que muchas viven. Desde la organización señalan que “la justicia para las mujeres no solo queda plasmada en las leyes; se materializa cuando una mujer puede asegurar ingresos constantes y tomar parte en las decisiones que influyen en su entorno”.
Durante más de cuarenta años, CODESPA ha implementado programas en 34 países de América Latina, África y Asia, orientados a fortalecer la independencia económica femenina. Estas iniciativas combinan formación técnica y empresarial adaptada a cada contexto, acceso a financiación o activos productivos, acompañamiento continuo en el terreno, trabajo con líderes comunitarios y promoción de la participación femenina en espacios de decisión.
Un elemento clave en estas estrategias consiste en impulsar y consolidar asociaciones de mujeres, espacios donde pueden distribuir riesgos, transmitir saberes y fortalecer su poder de negociación dentro de la comunidad. La meta va más allá de elevar sus ingresos y se orienta a expandir la autonomía de las mujeres sobre su economía, su tiempo y su vida social.
Cambios concretos dentro de comunidades en situación de vulnerabilidad
La experiencia en terreno evidencia que disponer de recursos y opciones de formación puede transformar profundamente la vida de las mujeres y de sus comunidades. En el Corredor Seco de Guatemala, una zona marcada por la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático, María Elisa tomó parte en un proyecto productivo impulsado por CODESPA. Al principio intervenía muy poco en las reuniones, pero después de recibir capacitación técnica y de integrarse durante tres años en espacios de gestión colectiva, su participación se afianzó. Con los ingresos obtenidos y la experiencia acumulada, hoy integra el comité de desarrollo local, donde contribuye activamente a las decisiones que afectan a su comunidad.
En el altiplano boliviano, en Pacajes, Lizeth y Estela Tantacalle poseían saberes artesanales transmitidos por sus familias, aunque no tenían cómo llegar a los mercados. Mediante capacitación empresarial y acompañamiento, consiguieron profesionalizar sus creaciones, ampliar la variedad de diseños y comercializar por medios digitales. La marca que administran actualmente obtiene ingresos constantes, ha sumado a otras mujeres de la comunidad y ha ayudado a disminuir la migración hacia las ciudades. Este ejemplo evidencia que la autonomía económica refuerza la intervención femenina en las decisiones familiares y comunitarias, más allá del aspecto financiero.
Los ejemplos muestran un patrón claro: cuando las mujeres acceden a ingresos propios y estables, aumenta su capacidad de influir en decisiones clave. La participación en asociaciones, el acceso a información financiera y la negociación directa con clientes y proveedores refuerzan su papel en educación, inversiones productivas y la vida comunitaria en general. CODESPA subraya que el empoderamiento económico es uno de los factores más eficaces para reducir la dependencia estructural.
Hacia una igualdad real más allá del 8 de marzo
A pesar de los avances legales, ningún país ha cerrado por completo las brechas de género, según los principales organismos internacionales. Sin embargo, el debate público suele centrarse en reformas normativas y políticas de igualdad formal. Para CODESPA, esta discusión necesita ampliarse: no basta con reconocer derechos en la ley, sino que es necesario promover políticas e inversiones que permitan a las mujeres generar ingresos propios y participar activamente en la toma de decisiones.
La organización enfatiza que la igualdad legal debe ir acompañada de estrategias sostenidas de inclusión económica. Solo así los derechos reconocidos sobre el papel se traducen en cambios tangibles y duraderos en la vida de las mujeres y niñas, reduciendo desigualdades históricas y fortaleciendo el desarrollo social y económico de sus comunidades.
La consolidación de la autonomía económica, sumada a la capacitación, la generación de ingresos y la implicación en la toma de decisiones, se convierte en un elemento esencial para convertir la igualdad jurídica en una igualdad plenamente efectiva. El Día Internacional de la Mujer recuerda que la defensa de los derechos de las mujeres exige medidas constantes y tangibles que trasciendan lo meramente legal.
Las experiencias de Guatemala, Bolivia y otros países donde CODESPA ha trabajado demuestran que los cambios son posibles cuando las mujeres cuentan con recursos, apoyo y espacios de decisión. La combinación de derechos legales, autonomía económica y participación activa marca la diferencia entre la igualdad teórica y la igualdad vivida en la práctica.
A medida que surgen nuevas políticas y programas, el reto radica en lograr que la igualdad jurídica se convierta en oportunidades concretas, garantizando que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar de forma activa en la vida económica y social de sus comunidades.
