El Ejecutivo ha nombrado a Zulima Pérez Seguí como la nueva encargada para la gestión de los impactos de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), en reemplazo de Ángel Batalla, quien renunció recientemente. La medida pretende mejorar la coordinación de las acciones institucionales frente a desastres climáticos, especialmente en las áreas del levante español que son más susceptibles a estos eventos extremos.
Pérez, licenciada en Ciencias Políticas y con amplia trayectoria en la administración pública, cuenta con experiencia previa en tareas vinculadas a la planificación territorial y gestión de riesgos naturales. Ha desempeñado cargos en el gobierno autonómico, tanto en áreas de participación ciudadana como en planificación y evaluación de políticas públicas. Su nombramiento es interpretado como un intento del Ejecutivo por dotar al cargo de una dirección técnica con conocimiento específico de las dinámicas territoriales y la prevención de desastres.
La salida de Batalla se produjo en un contexto de cuestionamientos a su gestión, con críticas centradas en la lentitud en la ejecución de las medidas prometidas para la reconstrucción en las regiones afectadas por las intensas lluvias de años anteriores. Algunos gobiernos autonómicos y municipales habían denunciado falta de comunicación y escasa ejecución presupuestaria, lo que terminó por debilitar la posición del hasta ahora comisionado.
Zulima Pérez será la encargada de revitalizar la confianza en la figura del comisionado, además de agilizar los trámites administrativos y financieros enfocados en proyectos de infraestructura, gestión de riesgos y mejora social y económica. Asimismo, se anticipa que fortalecerá la comunicación con autoridades locales, comunidades autónomas y actores sociales implicados en la gestión de emergencias por eventos meteorológicos.
El nuevo nombramiento se produce en un momento clave, cuando la preparación frente a fenómenos extremos ocupa un lugar central en la agenda política. Las consecuencias del cambio climático han incrementado la frecuencia y severidad de lluvias torrenciales en el sureste peninsular, lo que ha generado demandas ciudadanas por una mayor planificación preventiva y ejecución eficaz de recursos públicos.
Desde el gobierno han expresado confianza en que la recién nombrada comisionada brindará una perspectiva innovadora y técnica al puesto, considerado estratégico debido a su enfoque multidimensional. Según fuentes oficiales, su experiencia permite enlazar los aspectos territoriales, sociales y ambientales de manera integral, lo cual es esencial para garantizar respuestas continuadas y coordinadas ante posibles emergencias futuras.
El desafío inmediato de Pérez será elaborar un diagnóstico actualizado del estado de las intervenciones pendientes en zonas previamente afectadas, como Murcia, Comunidad Valenciana y parte de Andalucía. También se espera que proponga nuevas herramientas de seguimiento, evaluación y participación ciudadana, para dotar de mayor transparencia y control público al proceso de recuperación.
Además, el Gobierno ha señalado que el trabajo de la comisionada estará alineado con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, así como con las estrategias de protección civil y ordenación del territorio. Esto implica un enfoque a largo plazo que integre tanto la respuesta a la emergencia como la resiliencia estructural frente a nuevos eventos climáticos.
El nombramiento de Pérez ha sido acogido favorablemente en algunos círculos técnicos y académicos, donde se resalta su entendimiento sobre gestión pública y planificación inclusiva. No obstante, también existen expectativas de que, a diferencia de su predecesor, logre producir resultados palpables y evidentes rápidamente, dadas las muchas intervenciones todavía necesarias en el levante español.
En paralelo, algunas voces opositoras han advertido que el cambio de nombres no debe servir como excusa para dilatar compromisos ya adquiridos. Han exigido que se establezcan plazos concretos y mecanismos de rendición de cuentas para asegurar que los recursos públicos se ejecuten de forma eficiente y con impacto real sobre el terreno.
Con este cambio, el Gobierno pretende revitalizar una figura que había experimentado deterioro, restaurándole su importancia como elemento esencial en la reacción institucional ante los crecientes retos climáticos que afronta el país.
